Este martes 9 de junio el Congreso de Honduras aprobó la denominada Ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, normativa que ha desatado una profunda controversia y el rechazo inmediato de diversos sectores sociales

La ley declara inafectables los terrenos de grandes productores y faculta a policías y militares a intervenir directamente ante ocupaciones de tierras productivas. Organizaciones indígenas y de derechos humanos denuncian que este instrumento jurídico traslada el histórico conflicto por la reforma agraria del ámbito social al penal, legalizando desalojos forzados sistemáticos.

La dirigente rural Lilian Borjas afirmó que el uso de fuerzas militares busca desatar persecución y asesinatos para amparar el despojo agrario de la oligarquía terrateniente.

 Asimismo, el defensor de derechos humanos Edy Táboya denunció que la legislación es inconstitucional y racista, pues criminaliza a los sectores vulnerables que luchan por la tierra y el derecho a una vivienda digna.

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El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramiro Lobo, advirtió en el Parlamento que la ley desatará confrontaciones violentas entre labriegos y los cuerpos represivos de seguridad estatal.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) alertó sobre el grave retroceso que representa la aprobación de la normativa para las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Ante este escenario, colectivos campesinos iniciaron jornadas de movilización popular en las principales regiones agrícolas para exigir la derogación inmediata de la normativa. El sacerdote Ismael Romero destacó el despertar de la conciencia social hondureña contra el asedio de la gran empresa privada que pretende perpetuar el acaparamiento de tierras en el país.

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Eliminación de la Comisión Permanente: En abril de 2026, el Congreso aprobó una reforma constitucional para eliminar esta figura histórica encargada de operar durante los recesos de mayo y noviembre. La oposición y analistas denuncian que esto busca concentrar todo el poder en la junta directiva.

Juicio Político al Fiscal General: A finales de marzo de 2026, el Congreso (presidido por Tomás Zambrano) admitió una denuncia contra el fiscal general, Johel Zelaya, por su desempeño durante el proceso electoral, cuando inició investigaciones sobre el golpe electoral organizado por la derecha local con la complicidad de los EE.UU. Zelaya fue suspendido provisionalmente en una sesión marcada por fuertes disturbios. El Congreso conservador también intentó enjuiciar políticamente al exconsejero electoral Marlon Ochoa, quien denunció el fraude, a cuya ejecución está claramente vinculado Zambrano.

Legislación Económica y Agraria: Paralelamente a la confrontación política, el Congreso ha avanzado en medidas polémicas, como una ley para blindar al sector agroindustrial frente a invasiones de tierras y reformas para reducir las pérdidas y deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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